Faltando 25 minutos para las 10:00 del 29 de diciembre (2009) el doctor Rubén Fontalva se acercó a la pequeña mesa apostada afuera de la secretaría del servicio de medicina del Hospital San Borja Arriarán. Abrió la carpeta que estaba sobre ella, sacó un lápiz, miró la hora en su muñeca y firmó. Luego hojeó las páginas de registro de entrada y salida de días anteriores. Rellenó una, después otra y las dos siguientes. Cerró la carpeta, guardó el lápiz y entró a conversar unos minutos con el jefe de servicio. Además de firmar asistencia de cuatro días en menos de un minuto, la hora que anotó en la página -8:30- y que presenció CIPER aquel día, no corresponde a lo que marcaba el reloj: 9:35.
Ese martes, como todos los de 2009, el doctor Fontalva tenía que estar desde las 8:30 en el policlínico de nefrología. Su agenda indica que los lunes, martes y jueves debe atender pacientes con consultas programadas hasta las 10:30. Pero ese martes empezó su trabajo con una hora y media de retraso. La sala de espera, como siempre, estaba llena desde antes de las 8:00, con alrededor de 30 personas que esperaban su turno incluso de pie.
No sólo Fontalva empezó a atender con atraso a los pacientes con hora solicitada desde hacía meses. Antes que él, ya habían pasado por el registro de ingreso otros 15 médicos. Cuatro lo hicieron antes de las 8:00. Los demás fueron firmando a medida que llegaban. Sólo uno de ellos marcó la hora que marcaba el reloj: el doctor Carlos Peña.
CIPER pudo constatar en terreno que esa misma conducta se repite cada día. Y se sigue repitiendo tanto ahí como en cualquier otro hospital del país.
A través de la Ley de Transparencia, CIPER obtuvo copia de los libros de asistencia de 2009 de cinco de los principales hospitales de Santiago. Uno de ellos es el San Borja. Los otros son el Barros Luco, Félix Bulnes, Salvador y Sótero del Río. Entre los cinco suman 3.141 camas, una dotación aproximada de 2.000 médicos y casi 67.000 pacientes en lista de espera para consultas de especialidad o cirugías electivas. Su población beneficiaria supera los cuatro millones de personas -más del 23% de la población nacional- que corresponden al sector más vulnerable del país.
Las fotocopias de los libros a las que tuvo acceso CIPER son un montón de páginas con firmas desordenadas y nombres y horas en muchos casos ilegibles. Los pedimos en agosto del año pasado. Después de meses revisándolas y procesándolas, logramos identificar a los doctores que los firman. Luego cruzamos los datos con los contratos que tienen con sus respectivos establecimientos, los horarios que deben cumplir en los policlínicos y en sus consultas privadas y verificamos en terreno cómo funcionan los mecanismos de control de los doctores en los hospitales. El resultado de casi un año de investigación da cuenta de que, a diferencia de todos los demás funcionarios de la salud pública, los médicos son los únicos que carecen de todo control y fiscalización. Nadie garantiza que efectivamente atiendan a la población más pobre de la capital.
Muchos médicos omiten sus horas de salida. Imposible saber si los días que firman cumplen o no con su jornada. Otros desaparecen durante semanas o meses de los registros sin que quede justificación. Algunos aprovechan de firmar semanas completas en un solo día. O marcan las horas que les exige el contrato, pero no las que marca el reloj. Y no son pocos los que se escapan a atender pacientes en sus consultas particulares o clínicas privadas. En muchos casos, frente a la mirada indiferente del jefe de servicio, el encargado de fiscalizar que eso no suceda. De todo ello fuimos testigos.
Siete meses después de que CIPER comenzara esta investigación, la Contraloría General de la República publicó un informe que detectó varias irregularidades en una inspección a 13 centros asistenciales del país. La auditoría confirmó otro hecho anómalo que ya habíamos constatado: varios médicos usan la infraestructura de los hospitales y su horario funcionario para atender pacientes privados. Y corroboró que no cumplen con las jornadas estipuladas en sus contratos, que no registran su ingreso o salida de los establecimientos y que, debido a esta misma falta de control, se pierde el rastro de algunos pacientes cuando, debido a la falta de camas, los derivan a unidades distintas sin dejar registro.
Pero hay algo que no dice el documento: las mismas irregularidades aparecieron hace ocho años en una inspección hecha por la Contraloría a 16 hospitales distintos. Lo mismo se repitió en nuevas inspecciones del organismo contralor en los últimos años. A pesar de los compromisos de las autoridades del sector por corregir las fallas del sistema, todo sigue igual.
Figueroa, J.P (2010). Médicos sin control: Los dueños de la salud pública en Chile. Agosto, 28, 2011. http://ciperchile.cl/2010/09/27/medicos-sin-control-los-duenos-de-la-salud-publica-en-chile/
